Mi columna de Hoy:  sábado  22 de agosto de 2026

La angustia de millones y un Estado sin capacidad suficiente.
 
Hay una escena argentina que se repite, silenciosa y cotidiana: alguien abre la aplicación del banco antes de pagar una cuenta, calcula qué deuda puede postergar, mira un comercio que ya no vende como antes, o baja la persiana definitivamente. No siempre habrá una consulta psicológica, una internación o un diagnóstico. Pero sí puede haber insomnio, violencia familiar, depresión, consumo compulsivo, juego problemático, aislamiento y desesperanza.
La pregunta no es si la crisis económica tiene consecuencias sobre la salud mental. Las tiene. La  más incómoda es otra: frente a millones de personas que no llegan a fin de mes, ¿qué parte de esa angustia puede realmente atender el Estado?
Los datos disponibles obligan a evitar las respuestas fáciles. Casi la mitad de los hogares argentinos declara no llegar a fin de mes; entre ellos, una cuarta parte afirma que debe pedir dinero a familiares, conocidos o entidades financieras. La mora de los hogares alcanzó niveles récord y la irregularidad en los pagos se triplicó en un año. Detrás de cada indicador hay una vida organizada alrededor de la urgencia.
En ese contexto, el Gobierno nacional viene dictando o promoviendo modificaciones relevantes en materia de salud mental y consumos problemáticos. La Resolución 441/2026 actualizó normas de habilitación para establecimientos y servicios de salud mental y consumos problemáticos. Pero la propia resolución establece que la medida no implica una erogación presupuestaria adicional para el Estado nacional.
También se incorporaron formalmente la prevención, investigación y tratamiento de la ludopatía y de los consumos problemáticos dentro de las funciones prioritarias sanitarias del Ministerio de Salud. Es una decisión que reconoce un problema concreto: las apuestas online, las sustancias y otras conductas compulsivas ya forman parte del paisaje de sufrimiento de muchísimas familias.
El reconocimiento normativo es necesario. Pero no debe confundirse con la capacidad efectiva de respuesta.
Una resolución puede habilitar, ordenar, redefinir responsabilidades o crear programas de formación. No puede, por sí sola, crear guardias interdisciplinarias las 24 horas, equipos territoriales, viviendas asistidas, espacios comunitarios, tratamientos ambulatorios, dispositivos para adolescentes, camas para crisis agudas, acompañantes terapéuticos o profesionales que sostengan a una familia exhausta.
Menos todavía puede convertir automáticamente en atención efectiva aquello que es, antes que nada, una demanda social masiva.
La Ley Nacional de Salud Mental fijó una pauta clara: llevar progresivamente la inversión en salud mental a un mínimo del 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, distintos relevamientos señalan que la brecha entre esa obligación y la ejecución efectiva sigue siendo enorme. Para 2025, el área habría recibido apenas 1,68% del presupuesto de salud, y para 2026 la asignación rondaría 1,65%.
Esto no es una discusión técnica de planillas presupuestarias. Es la diferencia entre una política pública declarativa y una política capaz de llegar antes de que una crisis se vuelva irreversible.
Porque cuando una persona pierde el trabajo, acumula deudas, sufre una ruptura, consume de forma riesgosa o empieza a apostar compulsivamente, no necesita únicamente que el Estado la nombre en una norma. Demanda que haya un lugar al cual acudir. Necesita una respuesta temprana, cercana, gratuita y sostenida. Que la atención no dependa de llegar a una guardia colapsada cuando ya no queda margen.
El proyecto oficial de reforma de la Ley de Salud Mental propone modificaciones sustantivas, entre ellas cambios en los criterios para las internaciones involuntarias, una redefinición del papel del psiquiatra y una ampliación de la red institucional. También plantea que los hospitales generales atiendan casos leves y que los establecimientos especializados concentren los cuadros graves.
Puede debatirse, con rigor y sin consignas, si esos cambios mejoran o empeoran la protección de derechos. Lo que no puede discutirse es que ninguna modificación de criterios clínicos o judiciales resolverá por sí sola la falta de una red pública suficiente.
No alcanza con facilitar una internación si después no existen dispositivos de externación y continuidad de cuidados. Tampoco con atribuir responsabilidades a las familias si están empobrecidas, endeudadas y sin recursos materiales ni emocionales para sostener situaciones complejas. Menos con derivar al primer nivel de atención si no tiene profesionales, turnos, medicamentos y tiempo para escuchar.
La salud mental no puede ser el último eslabón de una cadena de abandonos. No es el lugar al que se llega cuando ya fallaron el trabajo, el ingreso, la vivienda, la escuela, la comunidad y la prevención.
Tampoco toda angustia económica debe medicalizarse. Que una persona no pueda pagar el alquiler o que una pyme cierre no constituye, por sí mismo, una patología individual. Sería un grave error transformar el sufrimiento producido por la precariedad en un problema exclusivamente clínico, como si la salida fuese siempre una receta, un diagnóstico o una cama de internación.
Pero sería igualmente cruel negar que la incertidumbre económica sostenida deteriora la vida psíquica y los vínculos. El desafío consiste en no patologizar la pobreza y, al mismo tiempo, no abandonar a quienes enferman en medio de ella.
Las recientes medidas sobre salud mental, ludopatía y consumos problemáticos pueden ser una oportunidad institucional: ordenar competencias, visibilizar riesgos y ofrecer mejores herramientas para intervenir. También hubo actualizaciones de subsidios y becas vinculadas con dispositivos de acompañamiento comunitario para consumos problemáticos.
Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta cuantificable: ¿a cuántos puede atender el sistema? No hay un porcentaje nacional confiable que permita afirmar que el Estado podrá contener a una determinada porción de los millones de personas afectadas por la crisis. Afirmarlo sería vender una certeza inexistente.
La respuesta honesta es más sobria: hoy el Estado puede atender una parte, probablemente la que logra llegar al sistema, la que encuentra una puerta abierta, un turno disponible, un equipo con tiempo o una organización comunitaria que resiste. Pero no tiene, por ahora, evidencia presupuestaria ni capacidad instalada demostrada para atender de manera universal, o siquiera proporcional a la magnitud del deterioro social, a todos quienes lo necesitarán.
Una sociedad no se mide sólo por su capacidad de producir riqueza, estabilizar indicadores o discutir reformas. También se mide por lo que hace cuando una persona se rompe por dentro porque ya no puede sostener su vida por fuera.
La salud mental no puede seguir siendo una promesa normativa cuando la angustia ya es una realidad masiva.